El sistema de encajes bancarios consiste en inmovilizar una determinada proporción de los pasivos de las entidades financieras, principalmente depósitos, que éstas conservan en cuentas de la autoridad monetaria como medida precautoria ante posibles tensiones que podrían afectar al sistema financiero. La mayor parte de los Bancos Centrales determinan un mínimo legal que las instituciones que captan depósitos del público deben cumplir tanto por su carácter prudencial como por su efecto en el multiplicador monetario, influyendo en la capacidad de crear dinero con préstamos bancarios. Adicionalmente, las entidades pueden apartar, de manera voluntaria, porciones mayores en función de su política de administración del riesgo. Sin embargo, el sistema puede trascender estas finalidades, buscando servir al cumplimiento de objetivos complementarios.1
En este sentido, el sistema argentino de encajes fue incorporando con los años un enfoque integrador, que busca estimular el desarrollo financiero de ciertas regiones desfavorecidas, incentivar el otorgamiento de crédito, fortalecer la transmisión de la política monetaria y fomentar la constitución de inversiones en moneda doméstica. Estos objetivos complementarios se encuentran siempre sujetos a garantizar una cobertura adecuada ante el riesgo de liquidez.
En la actualidad, el régimen de efectivo mínimo en Argentina parte de un esquema con alícuotas diferenciales en función del tipo de depósito (siendo las cajas de ahorro, las cuentas corrientes y los plazos fijos los más importantes) y del plazo residual del depósito, siendo más alta la alícuota cuánto más cercano es su vencimiento. A su vez, existen diferencias entre las alícuotas de acuerdo con el tamaño de la entidad financiera y la región en la que esta última opera. Esta distinción busca favorecer a las entidades más pequeñas y a las zonas de menor desarrollo financiero. Dichas alícuotas se aplican sobre el promedio mensual de saldos diarios de los depósitos del mes anterior (lo que habitualmente se conoce como un encaje rezagado), constituyéndose así un promedio mensual de encaje que las entidades deben mantener en promedio a lo largo del mes. Esta obligación se denomina exigencia bruta.
Para lograr sus objetivos complementarios, el sistema contempla una serie de incentivos para las entidades financieras, que se fijan según los objetivos de política del Banco Central. Estos incentivos adquieren la forma de “deducciones”; es decir, conceptos que se restan del importe a encajar una vez que se aplicaron las alícuotas a cada tipo de depósito. En este sentido, en línea con la promoción y el desarrollo de un sistema financiero más profundo y equitativo a lo largo del país, las entidades pueden reducir su exigencia bruta por una proporción de los retiros de efectivo realizados en sus cajeros automáticos, favoreciendo a aquellos localizados en zonas geográficas con menor atención de servicios financieros.
Adicionalmente, el esquema argentino busca fomentar el otorgamiento de crédito al consumo, a la vivienda y, fundamentalmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Para lograr este objetivo, contempla deducciones por las financiaciones otorgadas en el marco del Programa “Ahora 12”, por la extensión de plazo a los deudores de créditos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) y por los préstamos destinados a MiPyMEs.
Así, en los últimos años y consideradas de manera conjunta, las deducciones redujeron la exigencia bruta de las entidades financieras en hasta un 25%, siendo la deducción de mayor magnitud la asociada a los créditos a MiPyMEs (ver Gráfico 1).
Gráfico 1 | Exigencia en pesos y deducciones
Con la emergencia económica generada por la pandemia de COVID-19, el Banco Central habilitó a que el sistema financiero amplíe estas deducciones, buscando impulsar rápidamente el otorgamiento de crédito al sector productivo. Respecto de la deducción asociada al financiamiento a MiPyMEs, ésta inicialmente se basaba sólo en el peso que tenían las financiaciones a este tipo de empresas en el total de préstamos al sector privado no financiero. Con el inicio de la crisis sanitaria, se introdujo una serie de deducciones adicionales por las financiaciones a MiPyMEs; en primera instancia sólo con un límite máximo de tasa de interés2 y luego incorporando límites de tasa incluso menores, para MiPyMEs con garantías públicas.3 Esto implicó un importante incentivo al crédito productivo que derivó en un fuerte crecimiento de los préstamos a este segmento de empresas, que llevó a que las deducciones aumentaran.
En línea con lo anterior, así como se estipulan incentivos que reducen el importe final a encajar, el régimen también establece distintas formas de integración de dicha exigencia final en función del tipo de depósito: hay encajes remunerados y no remunerados. Entre los primeros, se cuenta con una determinada proporción que puede ser integrada con Letras de Liquidez (LELIQ) o con Bonos del Tesoro Nacional (BOTEs), mientras que el resto se integra en las Cuentas Corrientes que las entidades financieras tienen en el BCRA (no remuneradas). Actualmente, a modo de ejemplo, la totalidad de los encajes correspondientes a depósitos a plazo son remunerados, pudiendo integrarse con BOTEs (hasta un sublímite) y LELIQ (toda la porción restante), mientras que los encajes correspondientes a depósitos a la vista son integrados casi totalmente en las Cuentas Corrientes y una pequeña parte con BOTEs.
La presencia de encajes remunerados apunta a fortalecer la transmisión de la tasa de política monetaria (actualmente, la tasa de LELIQ) hacia las tasas de interés pagadas por los plazos fijos, buscando estimular el ahorro en moneda local. La integración en BOTEs, por su parte, además de estimular mayores tasas de interés para los depositantes, favorece la profundización del mercado local de deuda soberana.
Gráfico 2 | Integración de Efectivo Mínimo
Desde una perspectiva histórica, el nivel actual de las Cuentas Corrientes4 en el BCRA se encuentra en torno al promedio histórico (ver Gráfico 2), marcando la diferencia los BOTEs y las LELIQ admitidas para integración.
Cabe destacar que los requerimientos de encajes se deben cumplir en promedio a lo largo del mes, lo que permite a las entidades financieras cierta flexibilidad para administrar su liquidez intramensual. Sin embargo, para reforzar el carácter prudencial, las entidades tienen una exigencia mínima diaria que deben integrar por el equivalente al 25% de la exigencia total, sin excepción.
De esta manera, el sistema de encajes argentino mantiene su esencia prudencial y, adicionalmente, contribuye a alcanzar otros objetivos complementarios, que son propios de las funciones del Banco Central de la República Argentina.
Central de Ideas
1 Una versión anterior del presente posteo se encuentra en el Informe de Política Monetaria de agosto, 2020.
2 Tasa máxima de 40% hasta el 16 de febrero de 2020 y 35% con posterioridad a esa fecha.
3 Con tasas de interés máximas de 24%, destinadas mayormente a cubrir capital de trabajo y contando con líneas específicas con garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) para MiPyMEs que tuvieran mayores dificultades de acceso.
4 El saldo de las cuentas corrientes en el BCRA incluye el encaje no remunerado obligatorio y una pequeña posición adicional en la que incurren las entidades de manera prudencial.